La Unión Sindical Obrera lamenta el procedimiento de discusión parlamentaria que ha precedido a la aprobación de hoy de la reforma de las pensiones, hurtándose al debate público el cual merecía, dado la trascendencia que tiene, en lugar de haberse aprobado en Congreso y Senado en comisión.
La reforma supone trabajar más para cobrar menos. La USO estima el recorte medio de la cuantía de las pensiones en más de un 15%, fruto de la combinación de ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años, subir la base de cálculo de 15 a 25 años y modificar el número de años exigidos para contar el 100% de la base reguladora de 35 años cotizados a 37.
Para la USO esta reforma, avalada por los sindicatos CCOO y UGT, representa el mayor recorte de derechos sociales del periodo democrático, y con ella se castiga doblemente a los más necesitados y a quienes han padecido un empleo precario.
Enmiendas aceptadas
La tramitación parlamentaria ha servido para mejorar el acuerdo de reforma de pensiones inicialmente firmado por CCOO y UGT. Durante este trámite la USO presentó a los diversos grupos parlamentarios una serie de enmiendas, algunas de las cuales han sido incorporadas a la reforma.
De ellas, José Vía, secretario de acción sindical de USO, destaca la “modificación para la aplicación de los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas para aquellos que cotizan por el tope máximo de cotización y, sobre todo, el reconocimiento de la injusticia que sufren los trabajadores fijos discontinuos y los contratados a tiempo parcial al ser doblemente perjudicados en el acceso al derecho de pensión y en la cuantía de la misma”.
También se reconoce como mejora que en este trámite parlamentario se haya establecido el plazo de un año para que el Gobierno presente una propuesta de modificación para acabar con el trato injusto que perciben estos colectivos y mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores con contrato a tiempo parcial y fijos discontinuos.
“Lamentamos, por el contrario, que no fueran tenidas en cuenta algunas de nuestras enmiendas, como las que trataban que la ampliación de los 65 a 67 años fuera de forma voluntaria o que en el acceso a la jubilación anticipada a los 61 años se ampliaran las causas económicas también a técnicas, organizativas o de producción para posibilitar el rejuvenecimiento de las plantillas”, añade Vía. Así como “el acceso a la jubilación anticipada con contrato de relevo de los empleados públicos”.
El sindicato rechaza, además, que en la recta final del trámite parlamentario se haya utilizado el cambalache para introducir por la puerta de atrás aspectos tan importantes como la cesión de hospitales y servicios sociales por parte de la Seguridad Social a las comunidades autónomas.
“La regulación ambigua de los ERE´s de las grandes empresas con beneficios terminará siendo un auténtico coladero, quedando excluidas las PYMES, que representan más del 80% de las empresas y los ERE´s del país”, anticipa el portavoz de USO.
La reforma supone trabajar más para cobrar menos. La USO estima el recorte medio de la cuantía de las pensiones en más de un 15%, fruto de la combinación de ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años, subir la base de cálculo de 15 a 25 años y modificar el número de años exigidos para contar el 100% de la base reguladora de 35 años cotizados a 37.
Para la USO esta reforma, avalada por los sindicatos CCOO y UGT, representa el mayor recorte de derechos sociales del periodo democrático, y con ella se castiga doblemente a los más necesitados y a quienes han padecido un empleo precario.
Enmiendas aceptadas
La tramitación parlamentaria ha servido para mejorar el acuerdo de reforma de pensiones inicialmente firmado por CCOO y UGT. Durante este trámite la USO presentó a los diversos grupos parlamentarios una serie de enmiendas, algunas de las cuales han sido incorporadas a la reforma.
De ellas, José Vía, secretario de acción sindical de USO, destaca la “modificación para la aplicación de los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas para aquellos que cotizan por el tope máximo de cotización y, sobre todo, el reconocimiento de la injusticia que sufren los trabajadores fijos discontinuos y los contratados a tiempo parcial al ser doblemente perjudicados en el acceso al derecho de pensión y en la cuantía de la misma”.
También se reconoce como mejora que en este trámite parlamentario se haya establecido el plazo de un año para que el Gobierno presente una propuesta de modificación para acabar con el trato injusto que perciben estos colectivos y mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores con contrato a tiempo parcial y fijos discontinuos.
“Lamentamos, por el contrario, que no fueran tenidas en cuenta algunas de nuestras enmiendas, como las que trataban que la ampliación de los 65 a 67 años fuera de forma voluntaria o que en el acceso a la jubilación anticipada a los 61 años se ampliaran las causas económicas también a técnicas, organizativas o de producción para posibilitar el rejuvenecimiento de las plantillas”, añade Vía. Así como “el acceso a la jubilación anticipada con contrato de relevo de los empleados públicos”.
El sindicato rechaza, además, que en la recta final del trámite parlamentario se haya utilizado el cambalache para introducir por la puerta de atrás aspectos tan importantes como la cesión de hospitales y servicios sociales por parte de la Seguridad Social a las comunidades autónomas.
“La regulación ambigua de los ERE´s de las grandes empresas con beneficios terminará siendo un auténtico coladero, quedando excluidas las PYMES, que representan más del 80% de las empresas y los ERE´s del país”, anticipa el portavoz de USO.